GeoNotary: respaldo legal de la biometría, SHA-256, blockchain y firma electrónica

La prueba digital cuenta con respaldo legal y judicial

La biometría, las huellas criptográficas de archivos, la firma electrónica y los mecanismos de sellado temporal cuentan con legislación y precedentes judiciales que respaldan su utilización dentro de la prueba. La propia Administración de Justicia emplea firmas, sellos y códigos de verificación para sus documentos.

Este respaldo permite explicar la base jurídica de las tecnologías utilizadas por GeoNotary. Cada mecanismo aporta garantías distintas: vincular una evidencia con una persona, detectar modificaciones o verificar su existencia en un momento determinado. Su aplicación concreta requiere que esas garantías puedan comprobarse.

Un informe puede ser admisible sin resultar suficiente por sí solo para demostrar todos los hechos. Las fuentes citadas respaldan medios y técnicas probatorias; no constituyen una homologación judicial específica de GeoNotary ni garantizan el resultado de un procedimiento.

No hace falta una sentencia previa sobre la marca de la aplicación

Los artículos 299.2 y 299.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplan instrumentos que archivan y reproducen datos y otros medios capaces de acreditar hechos relevantes. De este marco se desprende que el régimen general no exige una sentencia previa sobre la marca comercial para proponer sus registros o informes.

El examen se centra en la pertinencia, licitud y fiabilidad de la evidencia, con las reglas propias de cada procedimiento. La posibilidad de aportar un informe y la fuerza que finalmente tenga son cuestiones relacionadas, pero distintas.

Google Maps Timeline también aparece en la prueba judicial española

La STSJ de la Comunidad Valenciana 1112/2023, de 18 de abril, recoge una prueba pericial sobre la cronología de Google Maps en un litigio laboral. Al examinar la revisión de hechos solicitada, la Sala mantiene la valoración de instancia y rechaza sustituirla por una nueva valoración de parte.

El caso muestra que los historiales de ubicación pueden formar parte del material probatorio. No declara que toda cronología sea exacta ni que baste por sí sola. Para un informe de presencia resulta útil explicar también la atribución personal, la integridad y el tiempo de los registros.

Garantías combinadas: biometría, SHA-256, blockchain y atestación de la aplicación

La arquitectura descrita por GeoNotary combina capas complementarias: geolocalización, vinculación biomecánica con el usuario, hashes SHA-256, sellado temporal, anclaje blockchain y atestación con Apple App Attest o Google Play Integrity. El objetivo es construir una evidencia cuya procedencia, integridad y relación con la persona puedan examinarse conjuntamente.

La documentación de Google describe controles sobre la aplicación y el entorno del dispositivo; Apple documenta App Attest como mecanismo para comprobar la integridad de la aplicación. Son fuentes técnicas sobre estas herramientas, no sentencias que homologuen la implementación de GeoNotary.

La combinación aborda cuestiones que una captura aislada del historial no resuelve por sí sola. La solidez del informe depende de cómo se integran y verifican las capas. Ningún precedente citado establece una clasificación universal de la prueba más segura ni convierte la atestación en certificación automática de la ubicación física.

Biometría: precedentes españoles de identificación

La STS 490/2020, de 1 de octubre, analiza una huella dactilar como indicio de presencia en el lugar de un robo. El Tribunal Supremo contrasta la explicación alternativa del acusado con el resto de la prueba y desestima el recurso. Es un ejemplo de identificación biométrica valorada judicialmente.

La STS 493/2022, de 20 de mayo, reconoce el carácter pericial del análisis fisonómico y antropomórfico especializado de imágenes. Destaca la preparación del experto y la valoración que corresponde al tribunal.

Estos precedentes respaldan el uso judicial de técnicas de identificación corporal. Para trasladar ese fundamento a una biometría de marcha, cadencia o postura hay que explicar y acreditar la fiabilidad de ese método concreto: las sentencias sobre huellas o fisonomía no verifican automáticamente cualquier algoritmo.

SHA-256: una herramienta examinada en sentencias españolas

La SAP Burgos 229/2025, de 16 de julio, examina un informe policial que calcula hashes SHA-256 de archivos Excel y ZIP relativos a registros de presencia. El tribunal valora esa evidencia en una controversia sobre falsificación documental y dicta absolución por no quedar acreditada la falsedad.

La resolución delimita el alcance de la comprobación: permite detectar cambios posteriores al cálculo del hash, pero no garantiza que el archivo no hubiera sido modificado antes. Por eso documentar cuándo y cómo se obtiene la huella es esencial.

La SAN 248/2026, de 19 de mayo, analiza una inspección de la CNMC cuyo acta describe SHA-256 para verificar las copias de documentación electrónica. La Sala examina las garantías de la actuación y desestima el recurso. Es otro ejemplo de verificación criptográfica sometida a control judicial.

SHA-256 es una función de resumen criptográfico: comparar huellas ayuda a comprobar integridad. Por sí sola no identifica al autor ni proporciona una fecha acreditada; esas funciones necesitan mecanismos adicionales.

Blockchain: un tribunal europeo valoró actas de sellado temporal

El Tribunal judiciaire de Marseille, primera cámara civil, en su sentencia de 20 de marzo de 2025, asunto RG 23/00046, considera acreditada la titularidad de derechos patrimoniales sobre dos diseños de AZ Factory mediante dos actas de sellado temporal blockchain de 2021. También examina la comercialización y publicidad de las creaciones.

Es un caso concreto de valoración positiva de evidencias de sellado blockchain. El texto consultado no especifica SHA-256, por lo que no atribuimos ese algoritmo a la resolución. Es un precedente francés que ilustra el uso de la tecnología; no vincula a los tribunales españoles.

Un registro verificable puede apoyar la existencia e integridad de una evidencia. Para justificar presencia, además hay que relacionar el registro con su origen, la ubicación y la persona.

Firma electrónica: respaldo normativo y jurisprudencia del TJUE

La firma electrónica de los contratos también tiene respaldo jurídico. El artículo 25 de eIDAS impide negar efectos jurídicos o admisibilidad probatoria únicamente por su formato electrónico o por no cumplir los requisitos de una firma cualificada. La firma cualificada tiene efecto equivalente a la manuscrita.

El TJUE confirma este marco en V.B. Trade, sentencia de 29 de febrero de 2024, C-466/22. La condición cualificada requiere cumplir sus requisitos; no puede darse por supuesta en cualquier firma digital.

En un contrato concreto importan la identificación del firmante, la vinculación de la firma al documento y las evidencias de la operación. La firma de un contrato acredita aspectos de ese acto; no acredita por sí misma las ubicaciones posteriores del cliente.

La propia justicia utiliza firmas, sellos y códigos seguros de verificación

El régimen de justicia digital del Real Decreto-ley 6/2023 contempla verificar la autenticidad e integridad de documentos judiciales electrónicos mediante medios criptográficos y sistemas de Código Seguro de Verificación que permiten cotejar el documento con el archivo de la oficina judicial emisora.

El acuerdo del CGPJ de 6 de junio de 2019 regula sus propios CSV y sellos electrónicos. El uso institucional demuestra que estos mecanismos forman parte del funcionamiento ordinario de la documentación jurídica.

Un CSV permite cotejar el original en el sistema de su emisor; un hash permite comparar contenidos. Un código de verificación privado no convierte un informe en documento público judicial. Su utilidad reside en que el cotejo y las garantías ofrecidas sean reales y verificables.

Sellos de tiempo y libros mayores electrónicos: el marco europeo

El artículo 41 de eIDAS impide rechazar un sello de tiempo únicamente por ser electrónico o no cualificado. Los cualificados disfrutan de una presunción específica de exactitud de fecha y hora e integridad de los datos vinculados.

La reforma de 2024 incorpora reglas sobre libros mayores electrónicos: no pueden rechazarse solo por su formato o por no ser cualificados. Los cualificados tienen presunciones específicas de orden cronológico e integridad.

Utilizar blockchain no otorga automáticamente la condición de servicio cualificado. El alcance de cada garantía depende del mecanismo utilizado y de sus requisitos.

Cómo se conecta este respaldo con un informe de GeoNotary

El artículo 106.1 de la Ley General Tributaria remite a las reglas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medios y valoración de prueba, salvo disposición legal distinta. Este es el vínculo directo con la utilización de evidencias electrónicas ante Hacienda.

El contribuyente puede aportar los medios de prueba que considere oportunos para defender su posición, sujetos a las reglas del procedimiento. Con GeoNotary puede solicitar un informe del año completo, de un intervalo o únicamente de los días que elija o que Hacienda cuestione, a partir de los registros disponibles.

El informe debe identificar el periodo analizado y explicar cómo se relacionan las evidencias de identidad, ubicación, integridad y tiempo. No genera registros retrospectivos inexistentes. Puede combinarse con billetes, facturas, documentación laboral u otros medios pertinentes.

La conclusión es clara: las tecnologías probatorias cuentan con respaldo jurídico documentado. La fuerza del informe concreto se construye mediante registros fiables, metodología explicable y verificación. Acreditar ciertos días contribuye a discutirlos; la residencia fiscal anual exige examinar también los demás criterios legales.